Carta abierta a José Bono

Toni Comín
Apreciado José:
Desde que nos conocimos, hace ya más de tres años, han sido más bien pocas las conversaciones que hemos tenido ocasión de compartir, pero creo que desde un principio se generó entre ambos lo que yo interpreto como una mutua corriente de simpatía. Quizás por nuestra común filiación como cristianos socialistas –o socialistas cristianos. Al mismo tiempo, para ninguno de los dos era un secreto que nuestras respectivas visiones sobre la relación entre Cataluña y el resto de España estaban muy alejadas, hasta extremos casi antagónicos –pero quiero pensar que no del todo incompatibles. Tuvimos ocasión de comprobarlo en una sincera charla en tus tiempos de presidente del Congreso.
Sin embargo, por grande que sea la distancia, creo en el diálogo. Creo que es la esencia de la democracia y entiendo que tú también lo ves así. Creo, además, que El Ciervo ha sido, desde sus inicios, un gran promotor el diálogo, una revista puente entre todas las Españas: entre cristianos, agnósticos y ateos, entre la izquierda democrática y la derecha democrática, pero también –y mucho– entre Cataluña y el resto del Estado y, dentro de Cataluña, entre la cultura catalana en catalán y la cultura catalana en castellano. En los tiempos venideros harán falta, más que nunca, espacios-​puente como El Ciervo y, todavía más, personas-​puente, con ganas de afrontar desde el diálogo las enormes tensiones que se avecinan.
Con este ánimo me dispongo a comentar algunas de tus declaraciones sobre el proceso que se ha abierto en Cataluña después del pasado 11 de septiembre. No porque me hayan sorprendido, sino porque diría que parten de una lectura de la realidad catalana muy alejada de la que hacemos aquí en Cataluña una buena parte de los ciudadanos. Te he oído decir más de una vez lo siguiente: “Lo que no se puede es jugar al ajedrez y decir que el alfil ahora se mueve diferente y que, si no es así, te llevas el tablero”. Tu idea queda clara: hay unas reglas del juego y no se pueden cambiar unilateralmente. Estas reglas del juego, me dirás, están fijadas en la Constitución del 78.
El problema es que para muchos catalanes –me atrevo a decir que, a día de hoy, para la mayoría– la Constitución del 78 es fundamentalmente una promesa rota, una oportunidad frustrada. Sí, aquella Constitución que cuando fue sometida a referéndum recibió un apoyo muy mayoritario de la sociedad catalana –porque era vista como una ocasión única en toda la historia contemporánea de España de que Cataluña pudiera desarrollarse dentro del Estado con pleno reconocimiento a su identidad cultural y lingüística, con un grado suficiente de autonomía competencial y, por tanto, de poder político, y con una razonable justicia financiera– no ha ido como se esperaba.
Ha dado muy pocos de los frutos prometidos: los conflictos de competencias entre la Generalitat y el gobierno central han sido innumerables; la inmersión lingüística, condición indispensable para buena salud del catalán, es constantemente puesta en entredicho, en absoluta ignorancia del artículo 3.3 del texto constitucional; el modelo de financiación ha ignorado de modo sistemático el principio de ordinalidad, que es la única garantía de que la solidaridad entre comunidades sea justa. Así podríamos seguir hasta el infinito: la falta de equilibrio en la inversión en infraestructuras, el nulo desarrollo de una verdadera Cámara de representación territorial, la difícil participación de la Generalitat en los organismos comunes del Estado, la exclusión del catalán de las instituciones centrales del Estado, la negación de la asimetría que prefiguraba el artículo 2.
No era esto lo que los catalanes esperaban del espíritu constitucional originario. Por esto, apreciado amigo, estoy de acuerdo contigo: no pueden cambiar las reglas del juego unilateralmente. Pero, desde nuestro punto de vista, es la España centralista quien las ha ido cambiando poco a poco durante los últimos treinta años de democracia –esos años que, por otro lado, han traído tantos frutos positivos. Es la España poco amante de la diversidad, con poca o nula cultura federal, quien ha decidido que los alfiles se mueven como torres, los caballos como la reina y los peones como alfiles.
La frustración definitiva de aquella promesa fue, sin duda, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2010. La sentencia no sólo negaba al Estatut –y, por ende, a todos los Estatutos– la posibilidad de interpretar de manera flexible y evolutiva la Carta Magna, cuando esta “función interpretativa” de los Estatutos era precisamente una de las garantías más necesarias para el correcto funcionamiento del pacto constitucional. Lo peor, lo más grave, es que enfrentaba el ordenamiento constitucional con la voluntad democrática del pueblo catalán, expresada en el referéndum de aprobación del Estatut –un Estatut previamente votado en el Parlamento de Catalunya y en las Cortes Generales, que son los legítimos representantes de la voluntad popular. ¿Por qué provocar de manera tan temeraria un conflicto de legitimidades de consecuencias tan imprevisibles? Sobre esto he reflexionado en un reciente artículo (“La última oportunidad”, El País 22/​11/​2012), a cuyos argumentos te remito para no dedicarles el espacio que aquí me corresponde.
Hoy, en fin, estamos donde estamos: la Constitución es vista por una mayoría de catalanes como una norma de escasa autoridad moral –y bien sabes que, en democracia, la legitimidad de las leyes es tan o más importante que su mera legalidad. Me sorprendería que te extrañe. ¿Por qué los catalanes deberían apreciar una Constitución que, tal y como ha sido interpretada, no los protege sino que los contradice? En Cataluña cada vez hay menos ganas de jugar al ajedrez, visto que en la partida territorial el tablero es propiedad del resto de España.
Leo que has impulsado la Fundación España Constitucional, que, según explica la prensa, tiene como objetivo la defensa de la Constitución. ¡Tristes tiempos estos en que en Cataluña muchos se sienten obligados a defender a los catalanes de una Constitución que se ha acabado utilizando como un ariete en su contra, y en España muchos os sentís obligados a defender la Constitución de los catalanes o, mejor dicho, del proceso político que hemos iniciado!
Pero, metáforas ajedrecísticas a parte, también te he oído decir recientemente: “La Constitución no es eterna, pero establece cómo debe ser reformada y, como bien sabe todo el mundo, la Constitución no admite que la reforma sea por la fuerza, ni a golpes, tiene que ser por el camino constitucional. (…) Si los catalanes desean una Cataluña que sea un Estado diferente del Estado que la Constitución consagra, lo que no tienen que hacer es nada que sea contrario a la Constitución”. Entendido. Sin embargo, muchos son los que en Cataluña se preguntan hoy con escepticismo si este “camino constitucional” del que tú hablas es un camino realmente abierto y transitable.
Durante mucho tiempo, he sido un acérrimo partidario de la reforma constitucional: para lograr para España un modelo territorial genuinamente federal, que haga justicia a su realidad diversa y que reconozca inequívocamente la plurinacionalidad del Estado. He apostado por una España federal, igual como apuesto por una Europa federal. Pero sé que, si Europa no es federal por un déficit de centralización, España no lo es por un exceso de centralismo y uniformismo. La igualdad entre ciudadanos y la justicia social no están reñidas con el reconocimiento de la diversidad y con la asimetría competencial entre territorios. Al contrario: desde Aristóteles sabemos que “la justicia es tratar igual lo que es igual y tratar desigual lo que es desigual”.
Los federalistas tendemos a ser laicos en materia nacional: todos los nacionalismos nos parecen igual de bien –o, si quieres, igual de mal. Sólo desde el nacionalismo español se puede llegar a negar que Cataluña sea una nación. Sólo desde el nacionalismo catalán se puede llegar a negar que Cataluña pueda compartir un mismo Estado con otras naciones de España. Por esto, no me convence la ecuación “a cada nación su Estado”. Y por esto he defendido largamente una España plurinacional, que sirviese por igual a todas las naciones que alberga. Pero, si en un Estado que alberga a varias naciones, la única opción permitida es que este Estado esté al servicio sólo de una de ellas, previsiblemente la más grande, entonces a las demás naciones no les queda más que una opción: irse para disponer de un Estado propio.
Unidad, pues, sólo a condición de que se respete y se reconozca la diversidad. Pero, todavía más importante: unidad sólo a condición de que se construya desde la libertad de las partes. Si estas dos condiciones valen para Europa –y así es, efectivamente– entonces deberían valer también para España.
A finales de octubre, te oí declarar lo siguiente: “Me gustaría oírles que allí [en el PSC] no hay nadie que no esté por la unidad de España y quien esté en contra de la unidad del territorio, yo creo que deben expulsarlo”. Por un momento, me di por expulsado del PSC –del cual como bien sabes soy militante– porque, para mí, la unidad de España no es un dogma de fe: sólo es aceptable si va acompañada de una serie de condiciones, algunas de las cuales te he ido apuntando aquí. De todas ellas, diría que, a estas alturas, la más importante es que la pertenencia de Cataluña a España sea una decisión tomada libremente por los catalanes.
Sí, estoy hablando del llamado “derecho a decidir”, que es el derecho de quedarse o de irse del Estado español. Me dirás que la actual Constitución no reconoce una soberanía propia, específica y separada de Cataluña. Es cierto: por esto propongo hacer una nueva Constitución que sí la reconozca, de modo inequívoco. Pero, al mismo tiempo, me atrevo a defender que el texto del 78, en cierto modo, hacía un reconocimiento implícito de estas soberanías: cuando habla en su preámbulo de los “pueblos de España”, cuando reconoce las autonomías como espacios democráticos propios, cuando reconoce unos derechos históricos que preexisten a la propia Constitución y que ésta simplemente actualiza.
Te lo diré de otro modo: ¿qué hubiera ocurrido si la Constitución del 78, cuando fue sometida a referéndum, hubiera sacado un “sí” inequívoco en el resto de España, pero hubiera cosechado un “no” rotundo en las cuatro provincias catalanas? Respóndete con sinceridad a esta pregunta: ¿cuántos minutos hubiera durado? Por esto, el constituyente fue lo bastante inteligente como para que la Carta Magna incorporase muchas de las demandas de los partidos catalanes: sabía que sin el apoyo de Cataluña la transición embarrancaba. Había que conseguir un “sí” claro en Cataluña, más allá del “sí” del conjunto del pueblo español. ¿Qué es esto sino reconocer implícitamente una soberanía catalana?
Pero roto o, si quieres, disuelto el espíritu constitucional originario, Cataluña exige ahora que este reconocimiento implícito se convierta en un reconocimiento explícito. Hoy, en el Parlament de Cataluña, de 135 diputados 107 se han comprometido en las últimas elecciones con el “derecho a decidir”: el dato habla por sí solo. Por esto, si desde España hubiese la valentía de intentar arreglar el problema catalán con un nuevo pacto constitucional pero esta nueva propuesta no incorporase dicho derecho, esta nueva Constitución sería rechazada por una mayoría de catalanes. Lo cual no sólo no arreglaría el problema, sino que probablemente lo empeoraría. En un eventual referéndum constitucional, en Cataluña sólo ganaría el “sí” en caso de que el texto reconociese y regulase este derecho. Ten este pronóstico por más que seguro.
Preveo tu respuesta: dado que el “derecho a decidir” no es aceptable, porque la unidad de España, por principio, no se discute, mejor nos quedamos como estamos y nos olvidamos de reformas constitucionales. Es decir, nos quedamos con la Constitución del 78 –tal y como la ha dejado la sentencia del TC sobre el Estatut, para más precisión.
Pero, si nos quedamos como estamos, tengo fundadas dudas de que, al final, no nos acabemos quedando como estamos. Porque, si dejamos las cosas como están, no es una hipótesis descabellada pensar que los catalanes acaben demostrando una voluntad claramente mayoritaria y sostenida en el tiempo de irse de España. En este caso ¿quién puede asegurar que, por mucho que la actual Constitución lo impida, la secesión no se acabará produciendo? No sería el primer ejemplo que nos proporciona la historia europea del siglo xx de un cambio político profundo al margen de la legalidad vigente.
Hasta ahora los catalanes estábamos en España porque así lo decidimos cuando aprobamos masivamente la Constitución –o cuando la aprobaron aquellos que en 1978 tenían edad de votar, que no es mi caso. Que nadie se confunda: no es que aceptásemos la pertenencia a España porque nos obligase la Constitución, sino al contrario, aceptábamos la Constitución porque estábamos de acuerdo en pertenecer a España. Pero cuando el deseo mayoritario de un pueblo y lo que dicta la Constitución se divorcian de modo irreversible, ¿cuál de los dos caminos elige la historia?
Como te he dicho, creo que Cataluña sólo tiene que seguir formado parte de España si así lo deciden sus ciudadanos. No porque lo decidan los ciudadanos de las otras partes del Estado. Creo que los catalanes sólo optaran por quedarse si se saben plenamente respetados: el reconocimiento del “derecho a decidir” es, hoy, la única garantía definitiva de este respeto. Por esto, creo que el reconocimiento de este derecho es, en verdad, la única posibilidad real de que Cataluña se quede, aun cuando ciertamente entraña el riesgo de que se vaya. Pero ¿qué es la buena política sino la asunción de riesgos que sirvan de cimiento a una convivencia en justicia y libertad?
No sé si estas reflexiones te habrán valido de mucho. En cualquier caso, no las hago desde la ingenua convicción de que todavía es posible un acuerdo. Las hago desde la convicción de que, incluso cuando el acuerdo parece ya imposible, el diálogo sincero y respetuoso sigue siendo, por así decirlo, casi una obligación democrática.
Te mando un saludo cordial y afectuoso.

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