El ejemplo del norte europeo

Ignacio Fernández Toxo
Una de las más importantes consecuencias de la crisis ha sido la llamada a replantear el modelo histórico del Estado de bienestar social (EBS), reiterada desde múltiples ámbitos y con diversas formulaciones.
Sin querer meter en el mismo saco todas las propuestas e iniciativas de reforma hay algunos elementos comunes a la mayoría de ellas: “El gasto social requiere unos recursos públicos que, a partir de determinados niveles, perjudica el impulso de la economía productiva”; “El alto desarrollo del EBS en solo una parte de los países de un mundo globalizado, les resta competitividad frente a los países emergentes que no disponen de un EBS o cuya implantación es limitada”; “La ineficiencia de la gestión publica del EBS”.
En definitiva, se nos plantea que el actual EBS de los países desarrollados no se ha adecuado al nuevo marco de la globalización y a las nuevas realidades sociales y económicas y debe hacerlo de manera urgente, para evitar males mayores en un futuro no muy lejano.
Nada más lejos de la realidad. La crisis nos está demostrando que precisamente los Estados con un mayor desarrollo de las políticas sociales, los países nórdicos, Austria, Holanda o Canadá, han resistido muchísimo mejor la crisis que países con débiles políticas sociales, como Grecia, Portugal, Irlanda o España. El EBS no ha sido una rémora, sino una ayuda, porque en definitiva las políticas sociales tienen claros efectos económicos: sostienen la demanda y el consumo y generan y mantienen empleo.
Hay razones fundamentales que justifican el impulso del EBS:
La política social genera mayor capacidad de consumo y por lo tanto dinamiza la demanda interna y la actividad económica. En sentido contrario, por ejemplo reducir o congelar las pensiones tienen un efecto inmediato en el retraimiento del consumo de casi el 20 por ciento de la población. Mas política social no es solo un gasto, es una inversión.
La política social genera empleo, sobre todo si se priorizan los servicios, la mayoría de los cuales son muy intensivos en mano de obra y facilita la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Lo hemos estado comprobando con la aplicación de la ley de dependencia.
La política social contribuye eficazmente a mantener la cohesión territorial, mediante la redistribución solidaria de las Comunidades Autónomas más prósperas con las más desfavorecidas.
La política social refuerza la solidaridad entre las generaciones y evita las fracturas entre jóvenes y mayores.
La política social es un instrumento eficaz para combatir las consecuencias de la crisis en la cohesión social de nuestro país, frenar y reducir la pobreza y la exclusión social. Los efectos positivos del sistema de pensiones en la mejora de las condiciones de vida de los mayores ha sido un cambio decisivo en la sociedad española.
Por último, aunque de enorme trascendencia, las políticas sociales tienen un componente de género fundamental, porque evitan que las mujeres tengan que dedicarse a cuidar a los menores, a los enfermos, a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, permitiéndolas su incorporación a la vida laboral o hacer compatible con dignidad la vida laboral y la familiar.
¿Pero realmente es posible hacer otra política económica y social que permita mantener, consolidar y avanzar en el desarrollo del EBS?
Se necesita una política económica que impulse otro modelo productivo, que permita un crecimiento competitivo y sostenible y que permita financiar un potente Estado de bienestar social.
Conseguir más financiación para la consolidación y mejora del EBS es incompatible con políticas fiscales regresivas y obliga a revertir el proceso de desfiscalización, marcando un horizonte de aumento paulatino de la presión fiscal de carácter progresivo.
Hay que suprimir o limitar gastos superfluos y mejorar la gestión en las tres administraciones publicas, racionalizar las estructuras administrativas y evitar solapamientos.
Hay que afrontar con decisión y eficacia la paulatina reducción de la economía sumergida (que puede llegar a representar hasta el 20 por ciento del PIB) y del fraude fiscal, marcándose en ambos casos objetivos viables pero claramente identificados y evaluables. Salir antes y en mejores condiciones de la crisis, pasa, en nuestra opinión, por esa mejora del Estado de bienestar social, permitiendo más cohesión, solidaridad y empleo.

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