¿Un divorcio creciente?

Toni Comín
En las elecciones catalanas del pasado 28 de noviembre, un 25,7 por ciento de los ciudadanos votaron a partidos (PSC e IC-​V) que proponían en sus programas la reforma de la Constitución en clave federal. Un 38,4 por ciento votó a un partido (CiU) que proclama a los cuatro vientos que la Constitución está agotada y que, vista la sentencia del Tribunal Constitucional, Cataluña ya no cabe en ella. Un 11,5 por ciento votó a partidos (ERC, SI y RI) que simple y llanamente pretenden romper con ella por la vía de la independencia. Solo el 15,7 por ciento optó por partidos (PP y C’s) que consideran que la actual Constitución ya está bien. Todo parece indicar que la afectio constitutionis de los catalanes se ha debilitado considerablemente en los últimos tiempos.
La coincidencia de fechas entre las elecciones catalanas y el 32 aniversario de la Carta Magna es un buen momento para reflexionar sobre la mirada actual de la sociedad catalana hacia su norma máxima. Es obvio que la accidentada tramitación del Estatut, culminada con la sentencia del Tribunal Constitucional, no ha pasado en vano. No es exagerado hablar de un antes y un después. Una parte importante de los ciudadanos de Cataluña ha “descubierto” en los últimos años determinadas cosas, ciertamente preocupantes, de las que antes probablemente no era claramente consciente. Se pueden detectar fundamentalmente tres “descubrimientos”:
1. El conflicto de legitimidades entre la voluntad de la sociedad catalana expresada por un referéndum y la decisión del Alto Tribunal. En realidad, llovía sobre mojado. Una parte importante de los catalanes ya vivió con incomodidad la preeminencia de las Cortes por encima del Parlament en la tramitación estatutaria. Pero que una previsión constitucional genere incomodidad no necesariamente indica su desacierto. Pero tampoco su acierto. Lo que, visto lo visto, parece claramente desacertado es la manera cómo nuestro sistema legal –por medio de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)– diseña el control de constitucionalidad de los Estatutos aprobados en referéndum. La experiencia del Estatut nos indica que no es políticamente inteligente que el Constitucional intervenga después de que los ciudadanos hayan hablado.
Renunciemos, si se quiere, a las posiciones más contundentes –pero de una lógica jurídico-​política incontestable– según las cuales los Estatutos aprobados en referéndum no deberían ser objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional. Aceptemos que el control de constitucionalidad es necesario incluso en estos casos. Pero, a cambio, convengamos que lo razonable es que la intervención del Tribunal sea previa, no a la aprobación por parte de las Cortes, sino al refrendo ciudadano. Así, el orden de la tramitación debería ser: Parlament autonómico, Cortes Generales, Tribunal Constitucional y reservar a los ciudadanos la última palabra. Además, para evitar un uso indebido de este “recurso previo al referéndum” para demorar la promulgación de los Estatutos, dicho instrumento debería estar sometido a todas las cautelas que la propuesta de reforma de la LOTC hoy en curso –remitida por el Parlamento catalán al Senado– propone para el actual modelo de “recurso posterior”: aprobación por mayoría y límite temporal para emitir la sentencia.
2. El uso espurio del Tribunal Constitucional. Si el problema anterior es de arquitectura jurídica, este otro tiene que ver con nuestra cultura política. La idea de que las decisiones del Constitucional no están regidas por el principio de neutralidad, de que actúa más como órgano político que como órgano jurisdiccional, de que es una pieza más en la estrategia de los partidos para conquistar el poder, ha quedado grabada en la retina de una inmensa mayoría de ciudadanos catalanes. Lo cual es muy grave, en tanto el Constitucional ocupa un lugar clave de nuestro sistema democrático y de nuestro modelo autonómico. El Tribunal sólo puede ejercer su función fundamental desde la presunción de neutralidad, el prestigio y la autoridad moral. Si queda convertido en una tercera cámara donde prosigue la batalla política, todo el sistema institucional en su conjunto queda afectado de manera preocupante. Sin embargo, las soluciones que eviten un uso político indebido del Constitucional no son fáciles, sin duda. Quizás se podrían reforzar los criterios de selección de los magistrados por parte de las Cortes. Y, sobre todo, la falta de sentido de la responsabilidad institucional por parte de los grandes partidos debería conllevar la sanción ciudadana. En cualquier caso, si en la mayoría de países de la UE el Alto Tribunal goza de suficiente prestigio y está fuera de sospecha, nosotros no tenemos por qué renunciar.
3. El tercer “descubrimiento”, el más relevante y de más compleja solución, podría resumirse así: la Carta Magna, dada su apertura a una amplia diversidad de interpretaciones, no excluye abismos peligrosos –que esta vez se han salvado un poco por los pelos. Que nuestra Constitución es especialmente abierta en cuanto al modelo territorial y que esto la hace muy o bastante interpretable no es nada nuevo. Que en ella quepan interpretaciones directamente incompatibles con los mínimos compartidos por la inmensa mayoría de la sociedad catalana, esto sí lo es. No me refiero a la sentencia –más allá de lo dolorosa que pueda ser en algunos puntos y cuyos impactos jurídicos y políticos sería absurdo tanto minimizar como magnificar. Nos referimos a algunos de los votos particulares, que hoy responden a la posición de una minoría de los magistrados. Pero, por lo visto, nada impide que con otra correlación de fuerzas ésta hubiera sido la posición mayoritaria. Así, no es una hipótesis descabellada imaginar una sentencia lisa y llanamente inasumible por la gran mayoría de la sociedad catalana. Un grave conflicto político e institucional estaría servido.

Una constitución dañina
Una Constitución que en más de treinta años ha dado muchos buenos frutos para la sociedad catalana –la autonomía, la estabilidad institucional, la democracia, la laicidad– la descubrimos ahora como un problema real, como un texto interpretable de manera verdaderamente dañina para el encaje de Cataluña en España. De ahí que no pocos creamos que la mejor opción de futuro –por no decir la única– es la reforma de la Constitución para hacer avanzar el Estado sin timideces en la lógica del federalismo plurinacional. No faltan las propuestas que concretan esta propuesta de reforma: reconocimiento pleno de la plurinacionalidad y del plurilingüismo del Estado; conversión del Senado en cámara de representación territorial; distribución clara de competencias entre distintos niveles de gobierno y aplicación de la cláusula residual; asunción de la asimetría competencial entre Comunidades y clarificación de los criterios que deben regirla; sistema de financiación de las Comunidades a la alemana; descentralización de la justicia; garantía de un modelo de infraestructuras en red, o gestos simbólicos como distribuir las sedes de las instituciones del Estado entre las distintas ciudades del país.
Se trata de disponer de una Constitución que excluya interpretaciones peligrosas, incompatibles con la pluralidad real de la sociedad española del siglo xxi. Ante una propuesta así, muchos dirán que nuestro problema no está en la norma en sí misma, sino en la cultura desde la cual es interpretada. Que el riesgo no está en la letra, sino en el espíritu con que se lee. Que un cambio del texto sin la asunción previa de la cultura federal sería estéril. Y tendrán parte de razón.
De hecho, una reforma como la propuesta requeriría, previamente, que la cultura federal fuera hegemónica en España. Horizonte que, hoy, no sólo parece improbable sino que se aleja: según indican varias encuestas, la sociedad española parece avanzar en dirección contraria. En cualquier caso, no falta quien cree que interpretada desde esta cultura federal de la que hoy carecemos, la actual Constitución podría resolver perfectamente todos los retos que comunidades como Cataluña ponen habitualmente encima de la mesa. Y que, por lo tanto, si dispusiéramos de esta cultura, la reforma de la Constitución sería posible pero ya no sería necesaria.
Pero la experiencia histórica reciente nos dice que, en nuestro país, las cosas van al revés: es la norma la que ha generado, por arrastre, su propia cultura. Nuestra derecha aceptó primero en 1978 la Constitución que abría las puertas a la democracia; y fue luego que asumió, poco a poco, la cultura democrática que conllevaba. El federalismo requeriría, probablemente, el mismo proceso: puede que sólo una Constitución federal haga posible el cambio –a posteriori– en la cultura política de la España centralista.

Un círculo vicioso
No ignoramos que estamos ante un círculo vicioso: ¿cómo reformar una Constitución necesaria para generar cultura federal, si esta cultura ya tendría que darse ni que fuera mínimamente para que la propia reforma sea posible? Probablemente, sólo la constatación de que en Cataluña se va consolidando una clara mayoría soberanista –partidaria de manera confesa o inconfesa de la ruptura con España– nos acabe llevando a unos y a otros a pactar una nueva norma, una Constitución netamente federal y plurinacional, cuya cultura subyacente la sociedad española vaya aprendiendo luego paulatinamente, a partir de la experiencia misma. Cualquier alternativa, parece peor.

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