IGUALDAD

Seguir en guardia

José Jiménez Villarejo
Existe una estrecha relación entre los tres valores proclamados por los revolucionarios franceses de 1789. La libertad es el punto de partida, la primera aspiración. La igualdad es el resultado de la conversión en ciudadanos de hombres liberados de unos poderes que los situaban en estratos infranqueables. La fraternidad es una relación que solo puede establecerse entre seres libres que se reconocen como básicamente iguales. Quizá sea más visible la índole moral de este último valor pero la realización de los dos primeros, de naturaleza predominantemente política, en la organización de la sociedad supone también un compromiso ético de primer orden. Un compromiso que ha exigido un esfuerzo secular cuyo final está todavía lejos de ser alcanzado, incluso en los países que llamamos avanzados y democráticos.
En el esfuerzo por el logro de la igualdad el protagonismo ha correspondido generalmente a quienes sufrían o sufren situaciones de desigualdad. Pensemos, por ejemplo, en la primera sociedad liberal, cuando el derecho de voto estaba reservado a los varones con un cierto nivel económico o profesional, y en la tenaz resistencia que hubo que vencer hasta que ese derecho se reconoció primero a todos los hombres y más tarde a las mujeres. O en la profunda desigualdad con que durante muchos años se enfrentaron patronos y trabajadores hasta que la diferencia pudo ser atenuada, entre otros medios, con la actuación de los sindicatos, el ejercicio de la huelga o la negociación colectiva. O en la menguada capacidad jurídica de la mujer casada, sometida a la autoridad del marido, que ha sido superada, gracias a la presión del movimiento feminista, cuando se ha declarado finalmente la plena igualdad jurídica de los esposos. O en las luchas determinadas por las abismales diferencias en el reparto de la riqueza entre individuos y grupos, luchas que apenas han fructificado por ahora en postulados como la igualdad de oportunidades o en afirmaciones programáticas como la de que sólo son justas las desigualdades que benefician a todos.
Un camino largo el de la conquista de la igualdad. En nuestro país ese camino tiene un hito importante –¿por qué no reconocerlo?– en la Constitución de 1978. Por lo que la misma significa de logro alcanzado y de impulso para no desmayar. Nuestra Constitución no es solamente una norma que organiza los poderes e instituciones del Estado. Es también un proyecto ético-​social. Dentro del marco constitucional caben sin duda políticas diversas: las propias de los partidos que expresan el pluralismo político. Pero la diversidad no es ilimitada porque ninguna política puede entrar en contradicción con los valores en que se condensa el programa moral de la Constitución. Uno de ellos es la igualdad.
A propósito de este valor conviene detenerse en dos preceptos constitucionales. El primero es el artículo 14 en que se proclama el principio de igualdad de todos ante la ley excluyéndose cualquier discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es la primera vez que aparece en un texto constitucional español la expresa declaración de este principio subrayado, además, con la prohibición de toda discriminación. Hay que añadir que el Tribunal Constitucional ha ampliado los límites clásicos de la igualdad formal. Si esta fue originariamente el derecho a que la ley sea aplicada a todos por igual, ahora la igualdad es también un derecho frente al legislador puesto que las leyes pueden ser anuladas, por inconstitucionales, si en ellas se establecen discriminaciones basadas en criterios prohibidos por el artículo 14. De este modo, el principio de igualdad tiene fuerza y vigencia tanto frente a quienes aplican la ley como frente a quien la hace.
El otro precepto de la Constitución a que me refiero es el artículo 9.2 en que se dice “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” así como “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. Difícilmente puede ser exagerada la importancia de estas palabras. De ellas sólo cabe deducir que los poderes públicos –el legislativo, el ejecutivo y el judicial– deben ejercer sus funciones con la vista puesta en una meta: la transformación de la sociedad en otra en que la libertad y la igualdad se realicen con “plenitud”. También en la interpretación de este precepto ha marcado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional una línea progresiva que apunta a la consecución de la igualdad real a través de la que se ha llamado “discriminación positiva”. No se considera discriminatorio, por ejemplo, que para promover una real y efectiva equiparación de la mujer y el hombre se adopten medidas de acción positiva en beneficio de aquélla, aunque comporten un trato desigual, si mediante dichas medidas puede ser corregida la desigual situación de partida en que se encuentra la mujer. De la misma forma que, en otro ámbito, es constitucionalmente correcto equilibrar con un derecho laboral protector la desigualdad originaria que separa a empresarios y trabajadores.
No son los dos mencionados artículos de la Constitución los únicos que exigen avanzar hacia la igualdad. Existen otros muchos, de mayor concreción, como los que reconocen el derecho de sindicación, de huelga y de negociación colectiva, o establecen la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, la función social de la propiedad privada o el derecho a una remuneración suficiente del trabajo “sin que en ningún caso puedan hacerse discriminación por razón de sexo”. El comentario a estas normas no cabe aquí. Por otra parte, algunas de ellas han inspirado en los últimos años reformas legislativas conocidas en el campo del derecho de familia e incluso en el derecho penal como las disposiciones que tratan de atajar la lacra social de la violencia de género.
Tenemos todavía por delante un largo recorrido si queremos ser fieles al compromiso moral con la igualdad. Hemos avanzado bastante en el plano de las reformas jurídicas: no tanto en el de las pautas sociales de comportamiento. En todo caso, no podemos minusvalorar ahora la influencia de un neoconservadurismo que reanima nostalgias de viejas desigualdades. Hay que seguir en guardia.

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