Se ha desvanecido el consenso

Juan José López Burniol
El nuevo Estatut sirve para unas cosas y resulta inútil o contraproducente para otras. Sirve para regular el día a día de la acción de gobierno con ventaja respecto al anterior: han aumentado y se han clarificado muchas competencias y se ha mejorado la financiación. Pero si la pregunta se refiere a si el Estatut sirve para encauzar el problema de la estructura territorial del Estado, la respuesta es negativa: la tramitación del Estatut ha emponzoñado el contencioso.
La fórmula ideada por la Transición para encauzarlo fue incluir en el pacto constitucional originario el diseño básico del Estado de las Autonomías, que puso en marcha un proceso de progresiva redistribución del poder político concorde con el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Esta fórmula se reveló fecunda e hizo posible una etapa de prosperidad. Pero, llegado el momento de desarrollar aquel diseño básico, surgió el conflicto. Unos se enrocaron en una defensa numantina de la intangibilidad constitucional, invocando el nombre de España para preservar su posición de privilegio; otros precipitaron la reforma estatutaria, sin percibir que no se puede excluir a media España de una reforma que, por incidir en el pacto constitucional originario, requiere el concurso de todas las fuerzas que alumbraron aquél.
El fracaso de la política puso en manos del Tribunal Constitucional la solución de un problema que jamás debió llegar a él. Una injustificable demora agravó la situación y, al conocerse la sentencia, quedó claro que no resolvía nada. Al contrario, se ha desvanecido el consenso básico de la Transición y se ha erosionado el pacto constitucional. A partir de ahora, la dinámica política de fondo ya no se regirá en España por normas jurídicas ni se encauzará a través de instituciones, sino que quedará al albur de la relación de las fuerzas en presencia.

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